En el Distrito Federal las celebraciones comenzaron desde la tarde. Miles de compatriotas “se pusieron la verde” y salieron a las calles a gritar “¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial!”. El monumento del Ángel de la Independencia, como se acostumbra ante las “hazañas de los verdes”, estaba pletórico de aficionados enfebrecidos por la goliza que México propinó a la selección de futbol de El Salvador, 4-1. Poco a poco, al entrar la noche, los festejos se trasladaron hacia los bares y cantinas que envuelven la zona rosa de la capital. Al calor de una botella de tequila, se concluía un día redondo, como pocos, de triunfo.
Más tarde, mientras la mayoría de los habitantes de la zona central del país se disponían a descansar con las “buenas noticias”, y otros prolongaban la fiesta sabatina, 6 mil agentes de la Policía Federal, previamente acuartelados en sus diferentes sectores, recibieron por fin la orden de ejecutar un operativo especial varias veces postergado. El momento preciso había llegado y Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, instruía al Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, “por orden presidencial”, la toma y aseguramiento de todas las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), empresa pública encargada del servicio de energía eléctrica en la zona central del país.
Según reportes periodísticos, “más de mil elementos policiales que no portaban armas, pero estaban dotados con equipos antimotines”, arribaron alrededor de las 22:35 horas al edificio central de la paraestatal, ubicada en las calles de Melchor Ocampo y Marina Nacional, en la colonia Tlaxpana. La Secretaría de la Defensa, por su parte, movilizó a 800 hombres especialistas en la operación de instalaciones eléctricas, cuyo objetivo era asegurar la continuidad del servicio para los más de 20 millones de habitantes que utilizan diariamente la energía eléctrica administrada por dicha empresa.
La toma del edificio principal de Luz y Fuerza del Centro, a cargo de la Policía Federal, incluyó el desalojo de los pocos trabajadores que operaban el sistema eléctrico aquella noche; el amurallamiento de todo el perímetro del inmueble con vallas metálicas de tres metros de altura; aseguramiento del Centro de Operación y Control –búnker donde se controla el sistema eléctrico central—; sobrevuelo permanente de un helicóptero que supervisaba el operativo; así como el despliegue de grupos especiales de reacción inmediata. En pocos minutos el inmueble se transformó en una fortificación. La escena, voluptuosamente excedida para un país que oficialmente se encuentra en paz, traía a la memoria imágenes de ocupación parecidas a las ocurridas en la Franja de Gaza o en Bosnia y Herzegovina.
El semblante de los agentes que custodiaban la zona mostraba la firmeza de las instrucciones recibidas: “Nadie pasa. Esta empresa se acabó”. La orden se aplicó de forma simultánea en los más de 450 centros laborales dependientes del Organismo y fue monitoreado por las cámaras de Plataforma México –estrategia gubernamental de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que incluye sistemas de video vigilancia—, ya que los centros de distribución de energía eléctrica ubicados en Cuernavaca, Necaxa, Pachuca, Ecatepec, Iztapalapa, Lechería, Toluca, entre otros, son considerados estratégicos para la seguridad nacional.
Una nota publicada en el diario Reforma, dos días después del aseguramiento de las instalaciones, Toman Compañía en sólo 5 minutos, muestra la contundencia y precisión del despliegue policiaco-militar:
El plan fue meticuloso y la ejecución impecable. Hasta la Jefatura del Estado Mayor se sorprendió, cuando por radio, el Comandante Isaías Cisneros Arellano (responsable del operativo) comunicó que las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro estaban bajo control, cinco minutos después de que habían incursionado.
La cobertura mediática de la “sorpresiva” ocupación fue total. Los equipos informativos de Milenio TV (a quien parece le otorgaron la exclusiva), Televisa y TV Azteca, transmitieron fragmentos de la movilización policiaca de forma espectacular mediante imágenes captadas al momento mismo del aseguramiento. Con su acostumbrado estilo de cámara subjetiva, como en una road movie hollywoodense, las televisoras irrumpieron en la intimidad de los hechos para que el televidente sintiera “¡como si estuviera ahí, enterándose antes que nadie de la noticia!”.
La contingencia de aquella noche no sólo tomó por sorpresa al pueblo de México, sino también a los 44 mil trabajadores afectados, incluido su representante, Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien al ser interrogado por una reportera, minutos después de la toma, acerca de cómo se enteró del hecho, éste respondió: “No teníamos conocimiento de que iban a hacer esto. […] Lo estoy viendo por Milenio Televisión”, confirmó el líder, impresionado de la omnipresencia de los mas media.
La dimensión del despliegue policiaco-militar, aunado a los comentarios complacientes y editorializados por parte de los presentadores de noticias (“¡Por fin!”, “¡Vaya… Hasta que se atrevieron!”), mostraron a los televidentes la toma de Luz y Fuerza del Centro como si fuese una extinción de dominio del crimen organizado, digno de celebración, y no como un acto administrativo del Gobierno federal mediante el cual, súbitamente, extingue una empresa pública, propiedad del Estado, cuya suspensión de actividades impactaría a más de 20 millones personas que habitan la zona involucrada.
Alejandro Encinas, Diputado Federal por el PRD y ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, calificó como un “sabadazo” los acontecimientos de esa noche. En su colaboración semanal para el periódico El Universal del 13 de octubre de 2009, escribió:
Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones—requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene.
Todos los empleados sindicalizados de LFC normalmente tienen jornadas laborales de 8 horas, cinco días a la semana, y descansan sábado y domingo. Sólo algunos operarios responsables de la continuidad del servicio eléctrico, atención de quejas y emergencias, por obvias razones, tienen horarios diferentes y días de descanso rotativos; éstos son conocidos al interior del gremio como trabajadores de “Clase A”. La noche del sábado 10 de octubre, dentro de las instalaciones eléctricas, sólo se encontraba personal de esta categoría, aproximadamente, el 10% de la plantilla total. Todos los demás disfrutaban de su descanso.
Guadalupe Becerra Martínez es una de los 44 mil trabajadores sindicalizados afectados por el cierre del Organismo. Antes del sabadazo, ella se desempeñaba como Contralora de la Sucursal Interlomas; era responsable del personal y de la atención al público en esa oficina comercial de Luz y Fuerza del Centro. Aquella noche, en su día de descanso, concluía sus labores domésticas del fin de semana. Un mensaje en su teléfono celular rompió su tranquilidad: Están llegando funcionarios de alto nivel de la empresa, quién sabe qué está pasando, advertía el texto enviado por uno de sus compañeros del área de vigilancia que cubría turno esa noche en el edificio central de la paraestatal. Sin embargo, ella no quiso hacer mucho caso al mensaje y continuó doblando la ropa recién lavada de su pequeña hija, Andrea, de tres años de edad. Al fondo de su habitación, en la televisión se transmitía una película que comenzaba a ponerse interesante.
“¡Qué raro! Comenté con mi mamá mientras cruzaba el pasillo sin ponerme suficiente atención. Tal vez están organizando cómo van a manejar la situación del próximo lunes, le dije, pues al negarle la toma de nota a Martín Esparza, por parte de la Secretaría del Trabajo, los funcionarios deben estar aplicando algunas medidas preventivas”. Así recuerda Lupita Becerra un fragmento del diálogo que sostuvo con su madre –jubilada de LFC hace más de 15 años—, aquella noche.
“Sí, claro, pues el jueves pasado habíamos asistido a una marcha a Los Pinos y ahí se manejó la posibilidad de bajar el switch si el Gobierno no cumplía nuestras demandas; sí, creí que sólo estaban resguardando algunas áreas y diseñando la estrategia para controlar la posible reacción de los trabajadores sindicalizados y tratar de evitar el tan anunciado apagón”, especuló Lupita ante los inusuales movimientos gubernamentales de aquel día negro.
Más tarde, el segundo mensaje recibido en su teléfono celular cambiaría totalmente su vida: La Policía está entrando a las instalaciones y están acordonando las áreas. Lupita apenas levantó la cabeza para intentar digerir la noticia cuando, de pronto, entró su mamá a la habitación: “¡Hija, cámbiale de canal, mira nomás qué está pasando!”. Las dos, madre e hija, petrificadas veían cómo la programación habitual del Canal de las estrellas era interrumpida por un reporte informativo de último minuto. El locutor, Joaquín López Dóriga, confirmaba el rumor que había corrido por los pasillos de Luz y Fuerza del Centro durante toda la semana, pero que la mayoría consideraba imposible: el fin de la empresa. En medio de una andanada de especulaciones y amagos previos, el gobierno de Felipe Calderón decidió la extinción del Organismo público que durante más de 100 años iluminó y energizó el Valle de México.
“Como nunca albergamos la idea de que pudiera pasar algo así, de esa manera, pensé que formaba parte de las medidas preventivas ¿No? Vigilar entradas y salidas. Pero al ver cómo ingresaban los policías –continúa explicando Lupita, a la vez que ilustra con sus manos el ir y venir de uniformados al interior de la empresa—. ¡A mí me seguía pareciendo como parte de la película que estaba viendo en mi cuarto! Nunca pensé que pasará lo que pasó. Nunca. Jamás me imaginé que existiera un operativo de tal naturaleza, con el fin de que nosotros no regresáramos”, suelta con llanto en los ojos al recordar cómo, violentamente, sus 18 años de antigüedad laboral fueron extinguidos por un decreto presidencial.
La noticia corrió cómo pólvora. La convocatoria entre los trabajadores no se hizo esperar; en breves instantes, una lluvia de mensajes y llamadas vía teléfono celular activaron las movilizaciones hasta colmar las afueras del predio del Sindicato Mexicano de Electricistas y las inmediaciones de las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro. Pese a ello, quince minutos después de las once de la noche, implacables bloques de acero resguardaban ya el edificio central. Aquello era Infranqueable.Agolpados afuera de la Compañía de Luz –como la nombran popularmente—, los sindicalistas quedaron absortos ante la imponente imagen que se presentaba ante sus ojos. Ver cómo su fuente de trabajo era clausurada los llenó de impotencia y coraje, las venas en sus frentes parecían explotar; los puños cerrados y los gritos de rechazo no fueron suficientes para hacer desistir a los uniformados, ni blandir los bloques de acero que les impedían el acceso. Sin embargo, conforme transcurrían los minutos, la ira inyectada en los ojos de los trabajadores fue cediendo, poco a poco, en miradas de espanto, tristes y quebradas. No había nada que hacer. Se les fue la luz.
La esquina de Insurgentes y Antonio Caso, donde se ubican las oficinas del SME, se desbordó de electricistas confundidos y enfurecidos; algunos dejaron sus autos sobre el arroyo vehicular hasta en tercera fila. El caos vial hizo que personal de seguridad pública del D.F. cerrara la circulación vehicular en ambas avenidas para evitar accidentes.
“Todos debemos guardar la calma, compañeros… Calma, por favor, vamos a organizarnos… hay que esperar”, gritaba Miguel Márquez, Pro-Secretario de Divisiones del SME, apoyado en un megáfono, intentando contener la agitación de cientos de esmeítas que estaban vueltos hacia su sindicato para saber “¡Qué chingados está pasando con la empresa!” “¿Qué hacemos?” “¡Avísenle a todos, vamos a juntarnos!”. El grito de guerra de la organización obrera más antigua de México, en plena zozobra, comenzaba a dejarse escuchar: “¡Aquí se ve la fuerza del esmé!”, “¡Aquí se ve la fuerza del esmé!”.
Ricardo Ortega Comezaña, sindicalista y líder seccional del escalafón de Instalación y Mantenimiento de Cables Subterráneos del SME, recuerda que en sus 27 años de antigüedad laboral, jamás había visto algo semejante: “Esa noche había histeria; una compañera me abrazó, se puso a llorar y me dijo: ‘dime que no es cierto’. Yo estaba sorprendido y espantado. ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Tenía ganas de llorar… ¡De repente todo nuestro mundo se vino abajo!”, reconoce el esmeíta, quien se incorporó a las filas de Luz y Fuerza del Centro, en 1982, en la sección de Obras Civiles de Distribución, cuando tenía escasos 17 años de edad y, hasta entonces, “nunca había agarrado una pala para trabajar”, revela.
“Esa noche también sentí mucha indignación –continúa Ricardo Ortega—, porque en esos momentos alguien nos pasó una copia del decreto de extinción y nos estábamos enterando de los argumentos con los que se liquidaba a Luz y Fuerza y… ¡No es cierto, cabrón! ¡Pero si el jueves tuvimos un acuerdo en la Presidencia! Entonces, con mucho coraje, tuve ganas de secundar a la gente que me dijo ‘vamos por el Edificio, vamos a recuperarlo; tú dinos qué hacemos’, me insistían algunos compañeros. Me contuve. Sólo les pedí calma, compañeros, lo tenemos que resolver”.
En su versión de los hechos, el técnico electricista afirma que para el establecimiento de un ambiente de no violencia al interior del SME, a pesar del enojo y desesperación que se vivía, fue clave la posición pacífica de su Secretario General, Martín Esparza Flores. Ricardo argumenta que desde la evidente intromisión del gobierno de Felipe Calderón en los asuntos internos del gremio, a través de la figura de Javier Lozano Alarcón, Secretario de Trabajo, la dirigencia electricista “marcó una decidida tendencia hacia las manifestaciones pacíficas, y siempre con la información en la mano sobre los asuntos por los cuales se estaba luchando”, indicó quien además de representar a sus compañeros del escalafón de Instalación y Mantenimiento de Cables Subterráneos, también es Sobrestante “B”, de Clase “A”, es decir, Jefe operativo de turno, un experto en la materia.
Ricardo pertenece a la tercera generación de una familia esmeíta. Su abuela fue la primera en trabajar para el SME. Bromea al decir que es sindicalista desde que nació y está orgulloso de haber participado en la política del gremio desde los años ochenta. Por aquellos años, en 1985, recuerda que se delimitaron las zonas de trabajo entre Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad (CFE); un convenio entre los dos organismos que hoy adquiere gran relevancia para la lucha de los electricistas del SME por la recuperación de sus fuentes de empleo, ya que dicho acuerdo, elevado a laudo, impide a la Empresa de clase mundial operar las redes eléctricas dentro de la zona de atención de LFC, asegura.
En su larga trayectoria como activista político, este espigado y moreno líder seccional, ha vivido de todo: en su anecdotario, recuerda la ocasión cuando el entonces candidato a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari –artífice del rescate de la Compañía de Luz en Liquidación, para convertirla en un Organismo Público Descentralizado en 1994—, participó en un encuentro con los electricistas como parte de su gira proselitista en 1988. “Al encuentro llegó a bordo de un helicóptero, del que descendió en pleno patio, dentro de las instalaciones de Cables Subterráneos Vertíz… ¡Ahí aterrizó el cabrón! Yo creo que le tuvo miedo a la colonia Doctores y a la Obrera”, bromea Ortega Comezaña. En ese mitin se cerró la alianza entre el político priista y el SME. Un compromiso no escrito que, a cambio de un aparente apoyo electoral del gremio, Salinas mantendría la subsistencia de la empresa LFC con el respaldo del poder presidencial, y así fue.
“Nunca vivimos algo igual al día de hoy”, acepta este hombre oriundo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. “¿Cómo quitarnos este golpe que nos dio el gobierno?” Se pregunta el esmeíta. Como respuesta, él mismo describe parte del proceso de toma de decisiones al interior de su organización obrera: “Primero necesitábamos la información, porque aquí en el SME así estamos acostumbrados; primero te exijo información, peleamos y discutimos, y luego tomamos las medidas que tenemos qué hacer. Yo así aprendí; no podía obedecer a lo que (el día de la toma) se decía en la televisión. Es parte de nuestra formación; sabíamos que se tenía que hacer una asamblea, y la decisión de ésta es la que íbamos a acatar todos. La asamblea está por encima de Martín Esparza y cualquiera de nosotros”, concluye. (CONTINUARÁ)
